El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa un proceso de recorte y reestructuración que generó incertidumbre en el sector.
Carlos Paz, ex presidente del organismo, dialogó con “RX – Realidad Mixta” de Radio Up 95.5 y advirtió que “hay una situación de incertidumbre y de ida y vuelta por parte de la gente que conduce el INTA que hacen que la situación sea poco clara”.
Según explicó, en la última reunión del Consejo Directivo de 2023, se logró frenar una eliminación masiva de estructuras. En su lugar, se pidió a la Dirección Nacional del INTA y a los directores regionales que presentaran una propuesta de reestructuración para hacer más eficiente el organismo. Sin embargo, Paz sostuvo que “sinceramente yo no creo que este gobierno esté preocupado por la calidad institucional de ningún organismo del Estado”.
Uno de los puntos más conflictivos fue el intento de cerrar todas las agencias de extensión del INTA, lo que implicaría la desvinculación de alrededor de 1.300 empleados. “Eliminar la extensión del INTA significaba eliminar el INTA”, afirmó Paz, destacando que la institución es una de las pocas en América Latina y Europa que integra la investigación y la transferencia de tecnología al sector agropecuario.
El Consejo Directivo finalmente rechazó la propuesta de cierre masivo y optó por una reestructuración menos drástica, que incluye la eliminación de algunas áreas centrales y del programa de agricultura familiar. Para Paz, esta última decisión responde a una cuestión ideológica: “La palabra ‘familiar’ les produce alguna incomodidad”.
Un ajuste con trasfondo inmobiliario
Más allá del recorte de personal, Paz alertó sobre un posible interés del gobierno en los bienes del INTA. “Ellos hicieron un inventario, mandaron gente con muy poca formación y con muy poco conocimiento del INTA a recorrer casi en secreto un montón de lugares”, reveló. Según el ex presidente, este relevamiento se realizó sin información precisa sobre la propiedad de los terrenos.
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En este contexto, también se refirió a la reciente venta de la sede de la Fundación ArgenINTA, que se llevó a cabo a fines de diciembre: “Tampoco tenían buena información de Servicio, más allá de las cuestiones legales que puedan surgir, terminaron rematando Servicio a fines de diciembre del año pasado”.
Movilización de productores y gobiernos provinciales
A pesar de las medidas adoptadas, Paz advirtió que el proceso de ajuste en el INTA no ha terminado. “Este embate del gobierno para que el INTA y otros organismos de la Secretaría de Agricultura bajen la planta de personal no termina acá”, sostuvo, agregando que las decisiones no dependen exclusivamente del organismo, sino de instancias superiores, como el Ministerio de Economía.
En este escenario, destacó el papel clave que pueden jugar los productores y los gobiernos provinciales. “Los productores que están nucleados en los consejos asesores de las experimentales y de las agencias de atención están movilizados y tienen toda la intención de evitar este proceso”, aseguró. Además, instó a las provincias a actuar: “Las provincias tienen que poner en valor el trabajo del INTA en sus territorios y usar su poder de convencimiento”.
