Este cambio en el impuesto de SADAIC busca eliminar monopolios y permitir acuerdos particulares entre artistas, creadores y usuarios, estableciendo un marco de transparencia en la administración de derechos de autor.
En este sentido, bajo la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos, y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, dio a conocer hoy el decreto 138/25 que impulsa la desregulación de las sociedades de gestión colectiva (SGC) El decreto, que marca un hito en la historia de la propiedad intelectual en el país, apunta a modificar profundamente la estructura tradicional de las sociedades de gestión colectiva, las cuales se encargan de representar los derechos de autores y artistas. Según la nueva normativa, los creadores de obras artísticas serán los beneficiarios directos de sus derechos, eliminando los intermediarios y potenciando la relación directa con quienes utilizan sus trabajos.
Con esta medida, los titulares de derechos de autor podrán asociarse libremente a una o más sociedades de gestión colectiva o, incluso, gestionar sus derechos de manera individual. El objetivo es romper con los monopolios actuales, permitiendo la competencia y creando nuevas oportunidades para que los artistas y creadores tengan mayor control sobre sus obras.
Un Marco de Transparencia y Equidad
Uno de los puntos clave del decreto es la obligación de las sociedades de gestión colectiva de operar con total transparencia. Las nuevas disposiciones establecen que los autores podrán conocer cómo se administran sus derechos, los montos cobrados en su nombre y cómo se distribuyen esos ingresos. Esto se traduce en un sistema más justo y claro, que evita los abusos y las arbitrariedades que pudieron haber existido en el pasado.
Además, la normativa especifica que el Ministerio de Justicia será responsable de fijar los topes máximos de los aranceles que las sociedades de gestión colectiva podrán cobrar a los usuarios, dependiendo del tipo y uso de las creaciones. Esta medida garantizará que los costos sean razonables y que no existan distorsiones en el mercado.
La desmonopolización también afecta a las principales sociedades del país, como AADI-CAPIF y SAGAI, quienes deberán adaptarse a los nuevos requisitos de transparencia y funcionamiento establecidos en la normativa. Este cambio permitirá a las nuevas sociedades competir y ofrecer servicios más eficientes a sus socios, eliminando las distinciones o privilegios entre los diferentes tipos de asociados.
El Caso de Argentores y el Nuevo Rol del Estado
Un caso particular en esta reforma es el de Argentores, la sociedad de gestión de los derechos de los autores de obras literarias y dramáticas. Aunque su monopolio está establecido por la Ley 20.115, la nueva normativa permite que se realicen acuerdos bilaterales entre autores y usuarios, en los cuales se fijarán los aranceles de forma directa, sin la intervención de intermediarios.
Este decreto también se enmarca dentro de un proceso de transformación más amplio. En agosto de 2024, el Gobierno modificó la normativa de propiedad intelectual, excluyendo a ciertos espacios privados, como salones de fiestas y hoteles, del pago de derechos de autor por la reproducción de obras musicales o cinematográficas, en un intento por modernizar y adaptar la legislación a las nuevas realidades del mercado cultural.
Los Beneficios para los Artistas y la Cultura
El principal beneficio de este decreto, según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es que los autores recuperan el control total sobre sus derechos. Tendrán la libertad de elegir quién los representa o, si lo desean, gestionarlos por sí mismos, sin la intervención de una sociedad de gestión colectiva. De esta manera, los contratantes también tendrán la certeza de que sus acuerdos cumplen con todas las obligaciones legales con respecto a los derechos de los creadores.
Además, la competencia generada por la desregulación fomentará la eficiencia y la transparencia en el sector, lo que fortalecerá el sistema cultural y económico en su conjunto. Los artistas podrán negociar sus propios contratos con mayor libertad, lo que, según el ministro Sturzenegger, redundará en una mayor eficacia en el cobro y administración de sus derechos.
Con este decreto, el Gobierno libera a la cultura argentina del sistema de control estatal instaurado hace 50 años durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Este control, que hasta ahora había sido mantenido por las sociedades de gestión colectiva, se elimina en favor de un sistema más flexible y justo, que permite a los artistas tener el control de sus propios derechos.
Así, el decreto 138/25 marca el comienzo de una nueva era para la cultura en Argentina, donde la transparencia, la competencia y la libertad de los creadores se ponen en el centro de la gestión de los derechos de autor. Con este cambio, el país da un paso decisivo hacia la modernización de su legislación cultural, adaptándola a los tiempos actuales y potenciando el talento de sus artistas.
