El presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Antonio López Forastier, calificó como “claramente inconstitucional” la designación por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“La Constitución es clara al establecer que para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo necesita el acompañamiento de una mayoría de los dos tercios de los senadores presentes en una sesión pública convocada al efecto”, señaló Forastier, en diálogo con “RX – Realidad Mixta” de Radio Up 95.5.
Sin embargo, el gobierno utilizó un inciso del mismo artículo constitucional para argumentar que puede “llenar vacantes de empleos que requieran acuerdo del Senado pero que ocurran durante el receso”.
Para López Forastier, este procedimiento no corresponde: “No ha ocurrido durante el receso y tampoco era necesario hacerlo tres días antes de que inicien las sesiones ordinarias”. En su opinión, la decisión “tiene un tinte claramente político y de necesidad política que nada tiene que ver con la institucionalidad”.
Además, remarcó la importancia del cargo de los jueces del máximo tribunal: “Son la máxima autoridad de los tres poderes del Estado y tienen una función tan específica y tan delicada como decidir sobre los bienes, la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Contradicciones y antecedentes
Uno de los puntos que generó más cuestionamientos es que tanto Lijo como García Mansilla habían manifestado en audiencias públicas su oposición a ser designados por decreto. “Ellos mismos dijeron que no aceptarían ese mecanismo porque consideraban que no era adecuado, que no era constitucional”, recordó López Forastier. “El mensaje es de una degradación institucional que lamentamos, por lo menos los que estamos en el rubro de la actividad judicial”.
Consultado sobre antecedentes similares, el abogado señaló que “si bien Macri intentó el mismo esquema, luego fue dado marcha atrás no solo por cuestiones técnicas, sino también por el rechazo en la sociedad y en los ámbitos académicos”. Y agregó: “No veo ningún constitucionalista académico apolítico defendiendo esta decisión”.
Leé más: Corte Suprema | Javier Milei nombró a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto
Una interpretación a conveniencia
Para el presidente del Colegio de Abogados de Misiones, el argumento de la urgencia es cuestionable. “No había ni una necesidad de hacerlo en la forma que se hizo”, sostuvo. La Corte, a pesar de contar solo con tres miembros, “seguía funcionando con normalidad y tenía un régimen de subrogancia para resolver su integración”.
Además, advirtió sobre el precedente que puede sentar esta decisión: “Si este precedente queda firme, todos los presidentes durante el mes de enero podrían hacer lo mismo, lo cual sería llanamente burlar la letra de la Constitución”.
Por último, reiteró su preocupación por la interpretación del texto constitucional: “Si un ministro de la Corte que va a desempeñar tal cargo públicamente se compromete a decir algo y luego modifica su postura, borra con el codo lo que escribió con la mano. Ya no sería un buen antecedente de idoneidad para ocupar un cargo tan importante”.
En definitiva, para López Forastier, la decisión del gobierno “tiene una intencionalidad política clara y evidente” y deja en evidencia “una crisis política institucional, donde en busca de los resultados no se están evaluando los medios”.
Te dejamos la entrevista completa:
