El Juzgado que lleva adelante la causa por el desalojo de Teresa Álvez, vecina de la chacra 190 desde hace 29 años, fijó el 6 de marzo como fecha para ejecutar la medida, a pesar de la vigencia de leyes provinciales y nacionales que prohíben expulsiones en barrios relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
La defensa de la mujer, encabezada por el abogado Hernán Cancino, cuestionó la resolución judicial. “Con gran sorpresa, fuimos noticiados de que nuevamente se va a intentar desalojarla a la señora Teresa”, expresó, en diálogo con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5. “Eso lo tomamos con sorpresa porque existe una ley que establece la suspensión de desalojos en este caso”.
Cancino remarcó que la decisión judicial ignora normativas vigentes. “El juzgado, con un criterio errado a nuestro parecer, decide continuar con el desalojo”, advirtió. En ese sentido, explicó que la suspensión de desalojos está garantizada tanto por la legislación provincial como por la nacional.
“La legislación provincial establece la suspensión de desalojos, pero también se complementa con la ley nacional del ReNaBaP”, detalló el abogado. “Entre las dos no se excluyen, es decir, si uno no está inscripto en el registro del IPRODHA, como establece la ley provincial, pero sí está censado por el ReNaBaP, aún así está protegido con la suspensión del desalojo. Entonces son dos leyes que se complementan, y en este caso ninguna se está cumpliendo”.
Además, la Subsecretaría de Integración Urbana, organismo nacional encargado de garantizar el cumplimiento de estas leyes, presentó informes que ratifican que la vivienda de Álvarez no puede ser desalojada. Sin embargo, Cancino denunció que “por el momento no hay ninguna respuesta concreta sobre este tema” por parte del Juzgado.
“La subsecretaría ha mandado informes manifestándole al juzgado que este terreno no se puede desalojar, pero aún así mantienen la decisión”, afirmó el abogado.
Un proceso cuestionado y con fallas
El demandante de la causa adquirió la propiedad en agosto de 1990, pero obtuvo el dominio en 2016 e inició una acción de reivindicación para reclamar el inmueble. “Lo llamativo es que en todo este proceso nunca se le notificó a la señora Teresa”, señaló Cancino.
Según el abogado, Álvarez tomó conocimiento de la demanda en 2021, cuando “de un día para el otro aparece un oficial de justicia con personal policial y le dice que tiene que desalojar el inmueble”. Desde entonces, recibió múltiples órdenes de desalojo.
El procedimiento judicial también presentó errores administrativos en instancias previas. “La numeración del inmueble estaba mal en la orden de desalojo”, explicó Cancino. “La señora Teresa tiene otra numeración, sin embargo, en ese caso se decidió continuar porque coincidía con otras documentaciones”.
A esto se sumó un problema aún más grave: “La persona a la que estaba dirigida la orden no era la señora Álvez Teresa. No obstante, igual, a toda costa se intentó desalojarla”, denunció.
Con la fecha de desalojo fijada para el 6 de marzo, la defensa de Álvez ya elevó recursos ante la Cámara de Apelaciones. “Entendemos que antes de la fecha del desalojo la Cámara puede resolver estos recursos, y si nos dan lugar, podría llegar a suspender el desalojo”, explicó Cancino.
Mientras tanto, se presentará una nueva medida cautelar ante el mismo juez que dictó la orden. “Estamos solicitando que suspenda la medida hasta tanto haya una solución definitiva en este caso”, adelantó el abogado.
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Otros desalojos en barrios protegidos por el ReNaBaP
El caso de Teresa Álvez no es el único en Misiones. “En la chacra 190, por el momento, la única afectada es la señora Teresa”, confirmó Cancino. Sin embargo, agregó: “En otros barrios que también están inscriptos en el ReNaBaP están queriendo ejecutar órdenes de desalojo”.
En particular, mencionó la situación en la chacra 246, donde también hay familias en riesgo de expulsión. “Ahí sí está interviniendo un juzgado penal”, explicó.
No obstante, en ese caso, el juzgado adoptó una postura diferente y resolvió suspender el desalojo hasta contar con información oficial. “El juzgado tenía la orden de desalojo para ejecutarla la semana pasada y decidió sostenerla hasta tanto obtenga informes de la Subsecretaría de Integración Urbana”, indicó Cancino.
“La diferencia es que en el caso de la señora Teresa, por más que tuvo la información, igual pretende desalojarla”, denunció.
El organismo nacional al que se le solicitó el informe depende del Ministerio de Economía de la Nación. “No es un organismo municipal o provincial al que le están pidiendo informe”, aclaró el abogado.
