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El Poder Ejecutivo presentará en el Congreso un ambicioso proyecto de reforma del Código Penal, que propone el endurecimiento de penas para delitos graves, la tipificación de nuevas figuras delictivas y un mayor respaldo a las fuerzas de seguridad. La iniciativa, elaborada por la Comisión de Reforma del Código Penal en 2024, busca modernizar la legislación penal argentina.
Entre las principales modificaciones, se destaca el establecimiento de la prisión perpetua con un cumplimiento efectivo de 35 años, que se ampliaría a 40 en casos de múltiples reincidencias. También se eliminaría la posibilidad de acceder a la libertad condicional para reincidentes y condenados por delitos como homicidios y abusos sexuales agravados.
Otro de los cambios significativos es el endurecimiento de penas para delitos ambientales, como los incendios intencionales, cuya pena máxima pasaría de un año a 10 años, y hasta 25 en caso de víctimas fatales o lesiones graves. Además, se agravarían las penas para delitos cometidos en espectáculos deportivos y eventos masivos, incrementando en dos tercios la pena mínima para homicidios, lesiones, robos y portación de armas en estos contextos.
El proyecto también pone el foco en el delito de "motochorros", con penas de hasta 15 años para robos de celulares y "salideras bancarias". Asimismo, se penalizarían con hasta tres años de prisión las interrupciones al tránsito sin autorización estatal y las agresiones en manifestaciones públicas.
En cuanto a la usurpación de tierras, se establecería una pena máxima de 6 años de prisión y multas de hasta 75 millones de pesos. También se sancionaría a quienes faciliten, organicen o instiguen tomas de tierras.
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El endurecimiento de penas también alcanzaría los delitos sexuales, elevando la condena por violación a un rango de 8 a 20 años de prisión en casos agravados. Asimismo, se tipificarían delitos vinculados a la pornografía infantil y el uso de inteligencia artificial para el grooming.
Por otra parte, el crimen organizado y el narcotráfico también figuran entre las prioridades de la reforma. Se propone la creación de una figura penal específica para organizaciones criminales transnacionales, con penas de 8 a 20 años, mientras que el tráfico de pasta base de cocaína tendría una pena mínima de 6 años.
Entre los nuevos delitos incorporados, se incluyen la estafa piramidal y la compraventa de niños, con condenas de hasta 15 años de prisión. También se endurecerían las sanciones por corrupción, con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y penas de hasta 15 años para delitos como cohecho y enriquecimiento ilícito.
En materia de terrorismo, el proyecto impone penas de 5 a 20 años para quienes participen en organizaciones terroristas, con un mínimo de 10 años para sus líderes. También se sancionaría el reclutamiento, adoctrinamiento y entrenamiento de terroristas, con condenas de hasta 15 años.
Por último, la reforma plantea la incorporación de un apartado sobre la legítima defensa de las fuerzas de seguridad. Se establece que los efectivos no serán punibles cuando actúen en cumplimiento de su deber y se presume el uso legítimo de sus armas, invirtiendo la carga de la prueba en estos casos.
El Gobierno aún puede realizar modificaciones antes de enviar el proyecto al Congreso, donde se espera un intenso debate durante las sesiones ordinarias. La iniciativa busca actualizar el Código Penal argentino, endureciendo las penas, incorporando nuevos delitos y otorgando mayor respaldo a las fuerzas de seguridad.
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(Fuente: PERFIL)
