La medida que según el Ejecutivo responde a la participación de los uniformados en las protestas policiales de mayo de 2024, contradice el acta de acuerdo firmado el 29 de mayo del año pasado, que garantizaba la ausencia de represalias contra los manifestantes.
El pasado 23 de enero, Germán Palavecino, suboficial mayor retirado de la policía de Misiones fue notificado de su cesantía junto a otros tres efectivos de la Policía de Misiones. En este sentido, la decisión fue tomada por el Ministerio de Gobierno de Misiones, a propuesta del jefe de Policía, Sandro Martínez. En diálogo con el programa “El País de la Libertad”, a través de Radio Up 95.5, Palavecino explicó: “El Gobierno provincial me adjudica la responsabilidad del reclamo salarial y la retención de los vehículos, lo cual es falso. Inventan un argumento para justificar esta decisión administrativa”.
El exefectivo presentó un recurso administrativo de revocatoria, que fue desestimado rápidamente por las autoridades. “Nos adelantaron que no iban a hacer lugar, incluso antes de analizar nuestro escrito”, aseguró Palavecino.
Por otro lado, la causa penal abierta contra los manifestantes sigue en etapa de instrucción en el Juzgado de Instrucción N°6, sin que hasta el momento se haya elevado a juicio. Esto implica que la justicia aún no determinó responsabilidades, lo que evidencia la arbitrariedad de la decisión administrativa del Ejecutivo provincial. “Dan por ciertos hechos e imputaciones judiciales que aún están siendo investigados. No hay condena ni definición judicial alguna”, enfatizó el expolicía.
El recurso administrativo iniciado por Palavecino tiene dos instancias: primero ante el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, y luego ante el gobernador Oscar Herrera Ahuad. De no obtener una resolución favorable, el siguiente paso será acudir al Superior Tribunal de Justicia. “Nosotros vamos a transitar todo el camino necesario. En algún momento se va a tener que hacer justicia”, manifestó.
El referente de la mesa de diálogo policial también destacó la desigualdad en los plazos procesales: “Cuando es para la defensa, los tiempos son cortísimos; cuando es para el gobierno, los plazos son flexibles y extensos”.
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A su vez, Palavecino advirtió que no existen antecedentes en Misiones de casos similares que hayan sido revertidos por la justicia. “El 99%, si no el 100% de los camaradas que enfrentaron situaciones como esta, terminaron expulsados sin posibilidades de defensa efectiva”, señaló.
El caso de Palavecino y los otros tres efectivos cesanteados deja en evidencia que el Gobierno de Misiones incumple los acuerdos firmados y avanza con represalias contra quienes encabezaron las protestas policiales de mayo de 2024. Mientras la causa penal aún está en instrucción, el Ejecutivo provincial ya impuso sanción, desconociendo el principio de presunción de inocencia y vulnerando derechos laborales y constitucionales.
