Desde el 23 de diciembre de 2024, la ciudad de Puerto Piray se encuentra sin transporte urbano. La concesionaria prestataria del servicio exige un aumento del boleto a un mínimo de $1800.
En este sentido, la concesionaria J.A.H SRL (Kenia), perteneciente al Grupo Horianski exige un aumento del boleto a un mínimo de $1800 para reanudar el servicio, una tarifa que supera en un 50% el costo del transporte interurbano en la región. Mientras tanto, los vecinos deben recurrir a remises, taxis o caminar largas distancias para movilizarse.
Según denunció el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Piray, Remigio Smith, el contrato de concesión firmado en 2017 bajo la intendencia de Jorge Lezcano es extremadamente laxo y favorece a la empresa. “Es como si le hubieran firmado un cheque en blanco a la concesionaria”, afirmó en diálogo con el programa “El País de la Libertad”, a través de Radio Up 95.5. En esta línea, explicó que el contrato no establece sanciones, recorridos ni horarios definidos, lo que permitió que la empresa suspenda el servicio sin consecuencias.
El problema se agrava porque el Ejecutivo municipal vetó una ordenanza presentada en diciembre de 2023 que buscaba regular las contrataciones del transporte urbano. “El argumento era que no se podía retrotraer una ordenanza porque el contrato ya estaba firmado, pero eso es falso. Hay casos como el de El Dorado donde se reguló el servicio pese a que la empresa ya estaba funcionando”, aseguró Smith. Ante la inacción del Ejecutivo, el Concejo aprobó en enero de 2024 una nueva normativa estableciendo sanciones y multas, pero el municipio no informó si tomó medidas para exigir el restablecimiento del servicio.
Smith reveló que la empresa no ha dado respuestas claras y que la única reunión con el Concejo Deliberante fue en noviembre de 2023 cuando presentaron su pedido de aumento. “Desde entonces no hemos podido contactarlos nuevamente. Intenté comunicarme con el gerente para buscar una solución, pero no recibimos respuestas”, comentó. Según sus declaraciones, la empresa mantuvo reuniones con el Ejecutivo municipal y dejó en claro su posición: “Primero les aprueban el aumento y después restablecen el servicio”.
Para Smith, la falta de acción de la intendencia es alarmante: “El Ejecutivo no tendría que haber permitido que se llegue a esta instancia. 39 días sin servicio de transporte es una barbaridad”. Comparó la situación con El Dorado, donde ante un conflicto similar, el intendente gestionó combis para garantizar el traslado de los vecinos mientras se resolvía el problema.
“Nos dejaron sin movilidad”
“Hace más de un mes que no tenemos colectivos. Nos dejaron sin movilidad y nadie hace nada”, denunció Smith. “Acá hay estudiantes, trabajadores, gente mayor que necesita el colectivo. No podemos pagar remises todos los días”, dijo y agregó, “no entendemos por qué el intendente frenó la regulación. Si se hubiera aprobado, hoy no estaríamos en esta situación”, lamentó Smith.
Las protestas fueron constantes, pero sin resultados. “Fuimos a la Municipalidad, mandamos notas, hicimos marchas, pero nadie nos da una solución. Parece que somos invisibles”, expresó Smith. “Queremos que el intendente nos escuche y que la empresa cumpla con su parte. No pueden jugar con la gente así”.
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Vecinos perjudicados: “Caminamos o gastamos en remises”
Por otra parte, Juan Duarte, vecino de Puerto Piray, también brindó su testimonio en Radio Up 95.5, evidenciando el impacto de la crisis. “El servicio ya era malo antes, con unidades viejas y recorridos limitados. Ahora directamente no tenemos cómo movernos”, lamentó. Explicó que en los barrios más alejados la situación es crítica: “Nosotros vivimos en kilómetro 18, entre Montecarlo y Eldorado. Para venir al centro tenemos que caminar o pagar remises, que son carísimos”.
El vecino señaló que la empresa cortó el servicio en un momento estratégico, justo después del fin del ciclo lectivo, evitando un impacto mayor. “Si esto pasaba en medio de las clases, hubiera sido un caos, porque muchos chicos dependen del colectivo para ir a la escuela”, sostuvo.
Sobre el pedido de aumento, Duarte explicó que el impacto en la economía familiar sería enorme. “Un laburante en la planta Arauco cobra alrededor de $900.000 al mes, pero el ciudadano común no supera los $400.000. Si tienen que gastar $1800 por pasaje, se hace imposible. Es un golpe durísimo”, enfatizó.
Reclamo sin solución
Por ahora, el transporte urbano sigue paralizado y los vecinos de Puerto Piray enfrentan días de incertidumbre y dificultades crecientes. “No es solo un problema económico, es una cuestión de derechos. No nos pueden dejar sin movilidad”, concluyó Duarte.