La reciente aprobación de una ordenanza municipal en Concepción de la Sierra ha generado un fuerte rechazo entre los comerciantes locales. La normativa establece el cobro de una “tasa por servicios especiales de carnaval” a los negocios ubicados en la zona del corsódromo de la avenida Barrufaldi, lo que ha desatado una controversia entre el sector privado y el gobierno municipal.
La ordenanza, impulsada por el intendente Hugo Humeniuk y publicada en el Boletín Oficial de Misiones, tiene como objetivo recaudar fondos para cubrir los gastos adicionales que demanda el evento, incluyendo seguridad, limpieza e iluminación.
Cabe señalar, que en diálogo con este medio, el propio Humeniuk había sostenido que “de ninguna manera” se iban a subir las tasas en el municipio, consultado durante el programa “El País de la Libertad”.
Según lo estipulado, los bares, restaurantes y confiterías de la zona deberán abonar 1.100 unidades tributarias (U.T.) por día, mientras que otros comercios tendrán una tarifa de 550 U.T. Asimismo, los vendedores ambulantes dentro del predio también deberán pagar un tributo especial, aunque solo podrán ofrecer productos como artesanías y juguetes.
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Los comerciantes ya manifestaron su disconformidad con la medida, argumentando que representa una carga impositiva excesiva que podría afectar gravemente sus ingresos. Además, critican la falta de consenso previo a la implementación de la ordenanza, señalando que no fueron consultados adecuadamente antes de la decisión municipal.
Otro punto de discusión es el mecanismo de pago, ya que los comerciantes deben abonar la tasa antes del inicio del evento. En caso de suspensión por mal tiempo, el pago se trasladará automáticamente a la nueva fecha del Carnaval. Esta situación ha generado preocupación entre los empresarios, quienes temen que el contexto económico complique el cumplimiento de los plazos y montos exigidos.
Además, la ordenanza prevé sanciones para aquellos que incumplan con el pago, incluyendo intereses resarcitorios y la posibilidad de ejecución administrativa o judicial de la deuda. Esta disposición ha sumado incertidumbre entre los comerciantes, que advierten sobre posibles conflictos legales y consecuencias negativas para la estabilidad económica de los negocios locales.
