El 30 de noviembre de 1973, la provincia de Misiones quedó marcada por una tragedia que, más de cinco décadas después, sigue envuelta en sospechas y denuncias. En un accidente aéreo en las cercanías de Puerto Península, fallecieron el gobernador Juan Manuel Irrazábal, su vice César Napoleón Ayrault, sus esposas y el piloto Jorge Pirovani. Desde entonces, familiares y querellantes no han cesado en su reclamo de justicia, asegurando que no fue un accidente, sino un atentado deliberado.
Pedro Pirovani, hijo del piloto y querellante en la causa, dialogó con “RX – Realidad Mixta” de Radio Up 95.5 y fue categórico: “Esto no fue un accidente, fue un magnicidio. Nosotros aportamos pruebas y testimonios que lo confirman. El avión no cayó por un error humano, el avión explotó en el aire”.
Una investigación plagada de irregularidades
Desde el inicio, la investigación dejó mucho que desear. “El juez provincial que tomó la causa no tenía competencia para intervenir porque los accidentes aéreos son materia exclusiva de la justicia federal. Así lo reconocieron figuras como el fiscal general penal Guillermo Negro y el juez federal Miguel Guerrero”, explicó Pedro.
El expediente inicial, conocido como el Expediente 30 del año 1974, fue archivado de manera apresurada. “Era un informe sumario de apenas 86 páginas y hasta un accidente de tránsito se investiga con más profundidad. Se probó que no hubo peritaje del avión, que testigos presenciales vieron cómo explotó en el aire, y que López Rega estuvo en Iguazú el día del atentado. Sin embargo, el caso fue cerrado sin más”, denunció.
Pedro recordó con indignación cómo se buscó responsabilizar a su padre: “Lo sindicaron como culpable por desorientación, una barbaridad. Mi padre tenía más de 10.000 horas de vuelo y 421 sobre ese avión en particular. Incluso el juez federal, al declarar la nulidad del expediente en 2021, lo reconoció. Textualmente, dijo que mi padre tenía una vasta trayectoria y experiencia como piloto”.
El segundo atentado: el caso Susana Irrazábal
Otro de los puntos oscuros de la causa es el fallecimiento de Susana Irrazábal, hija del gobernador, quien sobrevivió inicialmente al accidente pero murió meses después. “Esa chica estaba en condiciones de ser dada de alta. Sin embargo, se empezó a saber que había dicho que el avión había estallado en el aire. Para nosotros, eso selló su destino. Fue el segundo atentado”, afirmó Pedro.
El traslado de su cuerpo fue ordenado de manera irregular, según la querella. “El juez provincial actuó por pedido del Superior Tribunal de Justicia, pero todo estaba mal hecho desde el principio. Se ocultaron pruebas y testimonios para cerrar el caso rápidamente”, aseguró.
Los móviles detrás del atentado
¿Por qué asesinar al gobernador y su vice? Para Pedro, la respuesta está en las políticas económicas que el gobierno de Irrazábal intentaba implementar en la provincia: “Martos, que fue ministro de Economía de la época, dejó en claro la disconformidad de los monopolios yerbateros y tealeros con las políticas del gobernador. Juan Manuel Irrazábal era un desarrollista, y esas políticas afectaban intereses muy poderosos”.
La influencia del entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, conocido como “El Brujo”, también aparece en el expediente. “Está probado que López Rega estuvo en Iguazú ese día. Irrazábal lo denunció por contrabando, incluyendo armas, soja y harina. Él estaba dispuesto a llevar las pruebas a Buenos Aires, pero no le dieron oportunidad. Fue traicionado”, relató.
Pedro mencionó un detalle clave que muestra la tensión política de la época: “El gobernador subió a ese avión con desconfianza. Irrazábal le dijo: ‘Yo voy, pero solo si vuela Pirovani’. Mi padre no tenía que estar en ese vuelo. Fue convocado de urgencia porque no había otro piloto disponible, y el avión, además, no estaba en condiciones de volar. Tenía una pérdida de combustible que mi padre reportó, pero lo obligaron a despegar”.
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La demanda civil y la lucha por la verdad
En 2021, la justicia federal declaró la nulidad del expediente inicial, limpiando el buen nombre del piloto y dejando en claro que las pruebas fueron mal manejadas. Sin embargo, para las familias afectadas, la lucha continúa.
“Presentamos una demanda civil contra la provincia de Misiones y el Estado Nacional. No se trata solo de daños materiales, sino del daño moral que esto nos ha causado. Somos tres familias destruidas por esto: la familia Irrazábal, la familia Irrazabal y la nuestra”, explicó Pedro.
La demanda fue presentada en 2022 y actualmente se encuentra en trámite. “Esto no se trata de venganza. Lo que queremos es que se haga justicia, que las instituciones asuman su responsabilidad. No es un tema menor: han pasado 51 años y todavía no sabemos qué pasó realmente”, enfatizó.
La impunidad como protagonista
Pedro asegura que la impunidad con la que se manejó el caso fue escandalosa: “Hicieron todo para que esto quedara en el olvido. Archivaron el caso, mataron a testigos clave, no investigaron lo suficiente. La pregunta es: ¿por qué? ¿A quiénes protegieron? Nosotros creemos que fue un plan para eliminar a un gobierno que iba en contra de los intereses de los grandes monopolios”.
Con lágrimas contenidas, Pedro resume el impacto de esta tragedia en su vida: “A nosotros nos cambió todo. Éramos chicos. Mi padre era un hombre honorable, un profesional, y lo trataron como un criminal para ocultar la verdad. No vamos a parar hasta que se haga justicia, por él y por todos los que murieron ese día”.
Con la demanda civil en curso y nuevas pruebas saliendo a la luz, las familias afectadas esperan que finalmente se esclarezca lo sucedido aquel 30 de noviembre de 1973. “No queremos perjudicar a nadie. Solo queremos la verdad. 51 años de silencio son suficientes”, concluyó Pedro.
