Este domingo el país conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un feriado inamovible que marca el aniversario de la última dictadura militar, que gobernó el país entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
La entonces presidenta de Argentina, María Estela Martínez de Perón, fue derrocada por Fuerzas Armadas en el marco de una fuerte crisis económica y una severa conflictividad social. Desde entonces comenzó el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, dando paso a una de las etapas más oscuras de la historia del país.
Este periodo estuvo marcado por las arbitrariedades cometidas por Junta Militar que asumió el poder. La suspensión de la Constitución Nacional fue la base para que se lleven adelante múltiples delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada de miles de personas, asesinatos, secuestros y torturas sin precedentes.
“Lo que se armó fue un sistema de represión paramilitar y parapolicial por fuera de cualquier tipo de ley y cualquier tipo de orden legal, de algún tipo de garantía mínima de defensa o de protección de derechos y demás”, explica el profesor Christian Schwarz, doctor en Sociología de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Para ello, el Gobierno militar se sirvió de más de 700 centros clandestinos de detención, como Campo de Mayo, Pozo de Banfield y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que al día de hoy funciona como uno de los principales sitios de memoria del país y es considerado Patrimonio Mundial de la Unesco.
“Se implementaron secuestros por fuera de cualquier tipo de legalidad, la tortura para obtener información, y arrojar personas Río de la Plata o fusilarlas de manera ilegal, sin ningún tipo de juicio”, añade Schwarz.
En estos centros de detención, tortura y desaparición, muchas mujeres secuestradas dieron a luz y sus bebés fueron robados. Algunos de ellos fueron vendidos o entregados a otras familias, muchas de ellas militares y otros abandonados en instituciones, despojados de su identidad.
La organización Abuelas de Plaza de Mayo estima que al menos 500 hijos de detenidos-desaparecidos fueron apropiados. Al día de hoy, 137 de ellos recuperaron su identidad. Sin embargo, denuncian que aún hay más de 300 personas que siguen sin conocer su verdadero origen.
El 24 de marzo es considerado una jornada de “reflexión y análisis crítico de la historia reciente», tal como expresan los portales oficiales de Gobierno. Con ese espíritu, cada año los actos y movilizaciones recuerdan el día bajo el lema de “Nunca Más”.
En estas casi cinco décadas, 342 juicios por delitos de lesa humanidad alcanzaron sentencias, dejando 1.207 personas condenadas. De todas maneras, la deuda aún no está saldada: hay 15 procesos en debate en siete provincias, cientos de personas desconocen su historia y miles siguen aún desaparecidas.
