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El Gobierno nacional informó que detectó alrededor de 180.000 personas fallecidas que aún figuraban con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) activo, tras un cruce de información entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El hallazgo se produjo durante una auditoría interna realizada en los últimos días, con el objetivo de depurar registros, frenar posibles cobros indebidos y avanzar con acciones legales contra los responsables.
Según indicaron fuentes oficiales, la inconsistencia detectada permitió comprobar que personas que ya no están con vida seguían habilitadas para recibir beneficios estatales, lo que expone fallas graves en los sistemas de control y actualización de datos. Desde el Ejecutivo calificaron la situación como “una maniobra irregular de enorme magnitud” y anticiparon que se iniciarán investigaciones administrativas y judiciales para determinar responsabilidades.
La revisión de los padrones se enmarca en una auditoría integral sobre la gestión de la ANDIS, impulsada tras denuncias previas por supuestas irregularidades en la emisión y mantenimiento de certificados. Como primera medida, se analiza la baja automática de los CUD correspondientes a personas fallecidas, además de un relevamiento de prestadores y beneficiarios que podrían haber intervenido en los cobros indebidos.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento oficial que permite acceder a cobertura de salud, prestaciones sociales, beneficios impositivos y transporte, y su validez depende de evaluaciones periódicas. Por ese motivo, desde el Gobierno remarcaron que la falta de actualización de datos impacta directamente en el uso de fondos públicos y en el correcto funcionamiento del sistema de asistencia.
El caso se conoce en un contexto de revisión general de políticas vinculadas a discapacidad, donde el Ejecutivo busca ordenar los registros, fortalecer los controles cruzados entre organismos y evitar fraudes, sin afectar a quienes realmente necesitan el acompañamiento del Estado. Desde Casa Rosada aseguraron que el objetivo es garantizar transparencia y proteger los recursos destinados a los sectores más vulnerables.
