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La Dra. Roxana Rivas, querellante en la causa por el femicidio de Lucía Maidana, denunció en diálogo con Radio Up la paralización de la investigación, negligencias graves en las etapas iniciales y la falta de voluntad judicial para esclarecer el crimen. A pesar de contar con el ADN del agresor, aún no hay imputados.
Doce años pasaron desde el femicidio de Lucía Maidana, y la causa continúa sin ningún avance concreto. “La verdad es que muy poco”, señaló la abogada Roxana Rivas, consultada sobre los progresos en la investigación. “El expediente está prácticamente parado hace casi un año y nosotros tampoco, desde la querella, tenemos ninguna posibilidad de aportar ningún elemento nuevo”.
El patrón genético del femicida fue hallado en el cuerpo de Lucía y, con el tiempo, se comprobó que coincidía con otros ataques sexuales ocurridos en similares circunstancias. Sin embargo, ese dato clave no llevó a la identificación del agresor. “Estamos como en un callejón sin salida, dando vueltas sobre esos puntos que no tienen mucha salida”, explicó Rivas. “Ese dato que parecía ser sumamente importante… tampoco pudo avanzarse ahí porque jamás se encontró un sospechoso”.
La querellante apuntó también a las fallas en la etapa inicial de la causa, que dificultaron severamente su esclarecimiento. “Se perdieron años de investigar”, afirmó. “Toda la instrucción se concentró en la figura de Sotelo como posible perpetrador, y nunca se terminó de ver otras posibilidades”.
Rivas aseguró que la intervención de la familia fue clave para aportar elementos al expediente, aunque estos no se incorporaron debidamente: “La hermana Felicitas había aportado un montón de información… sin embargo, eso jamás se incorpora formalmente hasta que ingresamos nosotros”. A su juicio, “hubo mucha negligencia de parte de los que se supone que estaban investigando”.
A pesar de la gravedad del caso y la existencia de un ADN que se repite en al menos tres causas, “el sujeto debería estar siendo investigado también en las otras causas… pero tampoco se hizo”, sostuvo. Y denunció: “Nosotros como querellantes no tenemos acceso a las herramientas ni a los recursos necesarios para hacer una investigación privada… el que tiene que investigar es el Poder Judicial”.
Además de los obstáculos estructurales, la inestabilidad en los cargos judiciales también jugó un papel en la falta de avances. “Es una carpeta que va circulando en manos de distintos instructores… cada tanto deben volver a releer el expediente”, dijo.
Actualmente, se analiza realizar un perfil criminológico del femicida, ya que “por muchísimo tiempo se pretendió cerrar este caso con Sotelo”, pero —según Rivas— “en el expediente se probaron un montón de delitos de él, ninguno ni cerca de lo que sería este femicidio”.
Sobre la posibilidad de que la causa prescriba, Rivas fue contundente: “La causa no debería prescribir. La prescripción siempre es en cuanto al sujeto que está imputado, y en este caso no hay imputado”. Aun así, alertó sobre la cercanía de plazos legales y la necesidad urgente de actuar: “Estamos muy cerca de que venzan muchos términos”.
La única acción que se realiza actualmente en el expediente es la comparación de ADN en casos recientes. “Cada tanto aparece un caso de abuso sexual con determinadas características, se comparan los ADN, y hasta ahora todas las comparaciones fueron con sujetos no identificados”.
Finalmente, cerró con una interpelación directa al Poder Judicial: “Está en deuda con la sociedad, porque ni siquiera sale a explicar qué es lo que sabe de este sujeto que está absolutamente libre, que es un homicida, que es un femicida, que es un abusador sexual, y del cual nadie responde”.
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El caso
Era la noche del 6 de abril de 2013 cuando Lucía, de 22 años, fue atacada en la vivienda que alquilaba en calle Estado de Israel 3.495, a metros del arroyo Vicario. Minutos antes de las 22, su vida terminó de la manera más cruel: cinco golpes en el cráneo con un martillo, violación y un incendio intencional para tratar de borrar las pruebas.
Según los peritajes del Cuerpo Médico Forense, su asesino la dejó tendida boca abajo sobre un colchón antes de prender fuego al lugar. Las llamas, iniciadas con un encendedor o fósforos, consumieron sus piernas. También intentó quemar un ropero y dejó abierta una garrafa de gas de 10 kg, que por suerte estaba casi vacía, evitando una explosión mayor.
El cuerpo fue descubierto cuando vecinos alertaron a los bomberos al ver humo saliendo de las ventanas del departamento. Lucía vivía allí con su hermana mayor, quien había viajado a Buenos Aires horas antes del crimen.
Las investigaciones revelaron que el ADN del asesino coincidía con el de tres ataques sexuales previos contra otras estudiantes, dejando a las sobrevivientes con secuelas de por vida. Además, antes de huir, el criminal robó la notebook de Lucía, un detalle que en su momento fue clave para el rastreo.
